17 abr. 2014

jueves, abril 17, 2014

Sociales, Medicina, Derecho, FAU y Agronomía son las facultades investigadas hasta ahora por la Contraloría, a raíz de una denuncia de lucro hecha por diputados UDI. Los resultados detallan una serie de posibles conflictos y dan cuenta de que el autofinanciamiento y abandono del Estado a sus universidades les ha generado la necesidad de “vender” su conocimiento al mercado.


El Dínamo
En septiembre de 2012, los entonces diputados de la UDI Gonzalo Arenas, María José Hoffman y Gustavo Hasbún pidieron a la Contraloría General de la República investigar a la Universidad de Chile por el eventual delito de lucro. La operación, según los parlamentarios, se realizaba a través de las fundaciones que tiene la casa de estudios en las distintas facultades. Por ejemplo, casos de contratos de prestación de servicios entre una facultad y la fundación correspondiente y subcontrato a consultoras externas formadas por directivos y académicos de la propia universidad.

Y hoy la Contraloría ya tiene los primeros resultados de esa investigación. Entre noviembre de 2013 y marzo 2014 se han liberado 5 informes finales, correspondientes al estudio de la relación de 5 facultades -Ciencias Agronómicas, Ciencias Sociales, Arquitectura y Urbanismo, Medicina y Derecho- con sus respectivas fundaciones. Y esos resultados confirman lo que el contralor Ramiro Mendoza le adelantó a la comisión lucro 2.0 en junio del 2013: En la Universidad de Chile existen casos de conflicto de interés.


El tema de las fundaciones en la casa de Bello se remonta a la década de los 90 y al creciente autofinanciamiento al que se han visto sometidas las universidades públicas desde la dictadura. Desde que los recursos estatales que llegaban a la universidad se redujeron notablemente y muchas se vieron obligadas a competir con las privadas, se facultó a las universidades para crear fundaciones, que permitirían agilizar la gestión. Hasta antes de la creación de las estas, la Universidad de Chile tenía un proceso más que engorroso para aceptar recursos de investigación y hacer prestaciones de servicios a quien lo solicitara. Como la universidad tiene solo una personalidad jurídica, necesitaba la firma del rector para que se realice todo tipo de traspaso de recursos. Entonces, se criticaba la lentitud del proceso.

Actualmente existen 15 fundaciones ligadas a la Universidad de Chile en las distintas facultades. Todas nacen de una orden de la Casa Central, con el objetivo de acelerar los procesos de donaciones y para poder hacer contratos de prestación de servicios. Una profesora de la facultad de Derecho así lo explica: “Las instituciones públicas tenemos que hacer tramitación para todo, pues se trata de dineros públicos. No se pueden comprar lápices sin acreditación de presupuesto. Pero si se compra por la fundación, se hace el trámite rápido y entonces ingresa  a la facultad como donación”.

Cada fundación fue creada con una personalidad jurídica de derecho privado y es sin fines de lucro. Y su objetivo final es hacer una gestión más expedita de los fondos que se destinan para investigación y prestación de servicios. Generalmente, toman el nombre de la facultad asociada: Fundación Facultad de Derecho, Fundación Facultad de Arquitectura, etc.

Las fundaciones también son administradas por los miembros de la propia comunidad universitaria y tienen un directorio que es presidido por el Decano correspondiente. El resto de sus miembros son, generalmente profesores titulados nombrados por el propio decano y el Consejo de Facultad.

Si bien se trata de fundaciones de derecho privado, todos los recursos que pasan por ahí están ligados a la Universidad de Chile, cuyos fines son públicos y no privados. Son fondos que interesan al patrimonio de la universidad y, por lo tanto, la revisión de sus cuentas le compete a la Contraloría General de la República. La diferencia con los convenios firmados antes de la creación de las fundaciones es que ahora se fiscaliza después de firmado cada convenio.

Esta no es la primera vez que las fundaciones están en el ojo del huracán. En 2008 una investigación de Ciper Chile reveló contratos fraudulentos y conflicto de intereses en la Fundación Facultad de Economía.  La FEN, facultad símbolo de la privatización de la U. de Chile, también estaba entre las cuestionadas en la denuncia original hecha por los diputados Arenas, Hoffman y Hasbún, junto a Ciencias Físicas y Matemáticas, y Ciencias Veterinarias y Pecuarias.

Que los 5 informes presentados por la Contraloría (Derecho, Medicina, Agronomía, Sociales y Arquitectura), sean finales, significa que cuenta ya con las argumentaciones de la propia Facultad y la respuesta del órgano fiscalizador. Pero estos son solo el comienzo. De acuerdo a la denuncia presentada y al adelanto que Ramiro Mendoza presentó a la comisión lucro de la Cámara, todavía faltan el resto de las fundaciones y facultadas. Y las más polémicas: FEN e Ingeniería.

Agronomía: Sin acreditación de gasto y posible conflicto de interés
Entre noviembre de 2013 y marzo de este año han ido apareciendo de a poco los informes finales de Contraloría con respecto las fundaciones y sus facultades. Por ejemplo, uno de los primeros en salir -y con más observaciones-, es el de la Facultad de Ciencias Agronómicas, del 7 de noviembre.

Creada en mayo de 2009 con el objeto de promover el estudio y la investigación de las ciencias agropecuarias, la Fundación Facultad de Ciencias Agronómicas es una institución de derecho privado sin fines de lucro. La fiscalización de Contraloría tenía la finalidad de “determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, si se encuentran debidamente documentadas, si sus cálculos son exactos y si están adecuadamente registradas”.

Entre las observaciones se detalla que la Fundación no posee procedimientos administrativos adecuados ni una instancia de auditoría interna en la propia institución. La Contraloría comprobó que varios académicos de la facultad contratados por jornada completa, prestaron servicios en proyectos ejecutados por la fundación por los cuales recibieron ingresos, cuando debían destinar sus horas a la labor de la facultad.

Hay un caso que el informe resalta: “Cabe añadir a los casos precipitados, la situación de un académico contratado con jornada completa en la ya mencionada facultad, quien de acuerdo a los registros de la plataforma www.dicom.cl es representante legal de la empresa Inversiones y Asesorías Gabino Reginato Limitada, la cual prestó servicios ala fundación, percibiendo la suma de $10.406.942, durante el ejercicio 2012″. La empresa mencionada pertenece, según el Diario Oficial, a Gabino Reginato Meza, profesor titular de la Facultad y a su familia -su esposa e hijos tienen participación en la sociedad-.

Esta conducta según la Contraloría podría eventualmente transgredir el principio de probidad administrativa: “Ese servidor público debe privilegiar el interés público, evidenciando en el ejercicio de su función académica por sobre el privado, representado por su actividad como representante legal de esa sociedad, máxime que esta presta servicios precisamente a la fundación relacionada con la facultad aludida”. El organismo fiscalizador le pidió a su División Jurídica que se manifieste sobre este caso en particular y sus conclusiones se le informarán a la Universidad.

Pero Reginato no es el único: También se descubrió que dos funcionarios mantienen contratos de 44 horas académicas y que además desempeñan funciones en el directorio de la fundación. De hecho, por sus servicios prestados a la Fundación recibieron honorarios de $4.098.000 y $3.300.388. Uno de ellos -no se detallan los nombres- posee participación societaria en la empresa Inversiones y Asesorías Corona del Inca Limitada, que en 2012 prestó servicios a la fundación por $6.493.135.

Estos hechos también transgreden el principio de probidad. “Contraviene especialmente el principio de probidad administrativa, el participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad, como ocurriría en la especie”, dice el informe. El caso también será pasado a la División Jurídica de Contraloría, que podría ordenar un sumario administrativo y sanciones, eventualmente.

Además de todo esto, no existen los documentos que respalden las rendiciones de gastos efectuadas por los proyectos que fueron ejecutados por la Fundación. Entre las conclusiones, el informe recomienda  dictar instrucciones para que los directores se inhabiliten de decisiones que puedan no tener imparcialidad e implementar los controles necesarios para verificar que los servicios prestados por académicos a la Fundación se realicen fuera de su horario laboral. Los casos remitidos a División Jurídica serán notificados a la Facultad.

Derecho: Nahum acusaría persecusión
La situación que vive la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile es particular. El decano es Roberto Nahum, el mismo que el 2009 se vio obligado a renunciar producto de la toma liderada por el entonces presidente del Centro de Estudiantes Gabriel Boric. Nahum volvió para competir en las elecciones de decano, ganó y ahora se prepara para re postularse una vez más.

Dos fuentes miembros del Consejo de Facultad, señalan fuera de micrófono que a Roberto Nahum no le acomodan para nada las investigaciones que está llevando a cabo la Contraloría. Según él -y lo que ha dicho en reuniones internas-  esto se trataría de una persecución personal del Contralor Ramiro Mendoza -ex alumno y académico de la Facultad- contra Derecho.

Y otra crítica que le hacen es que la comunidad universitaria no ha estado al tanto de la investigación y que la defensa hecha por el decanato no fue lo suficientemente fuerte. De hecho, se supo de la existencia de la investigación solo después de que The Clinic publicara una nota con la orden de sumario administrativo dictada por la Contraloría en el Informe Final de la relación de la Facultad con la Fundación Facultad de Derecho, de diciembre de 2013.

Dicho documento establece, igual que en Agronomía, irregularidades en el control financiero. Se repite el caso de profesores contratados a jornada completa con trabajo en la Fundación, reparos a la “probidad” y se suman convenios sin las firmas correspondientes y que ni siquiera están en español. “La falta de regulación entre las operaciones de la Facultad y la Fundación, además de constituir vulneración normativa, importa una posible dificultad en el sistema de control interno, lo que incrementa el riesgo de que la falta descrita persista en el tiempo”, señala el informe.

Una de las principales críticas es la falta de contratos, pues se deben hacer tanto para la Fundación como para la Facultad pues son dos organismos con personalidad jurídica distinta. Es decir, se critica la falta de un marco normativo que regule las transacciones, aparte de que no siempre se entrega la rendición de cuenta de los gastos comprometidos.  Y tal como en Agronomía, la Contraloría también le solicitó a su División Jurídica que investigara el caso del decano y los directores de la Fundación para determinar si existen casos de conflicto de interés.

Los otros informes
En el resto de los informes finales realizados por Contraloría hasta ahora -Arquitectura, Medicina y Sociales- se repiten las características antes presentadas.

En la Facultad de Medicina la auditoría se realizó a la Fundación para Estudios Biomédicos Avanzados y a la Fundación Instituto Politécnico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ITPUCH. Entre las observaciones se encuentran, por ejemplo, el pago de honorarios sin mediar convenios, el pago de honorarios anticipados, la omisión de contrato en una prestación de servicio y el que la Fundación haya financiado con sus recursos gastos del Instituto Politécnico, traspasándolos vía préstamo. Esto, según el informe, está prohibido al ser entidades de derecho privado regidas por las disposiciones del Código Civil.

El ITPUCH también habría recibido de parte de la Facultad una subvención de $565.000.000, sin la rendición de cuentas correspondiente.

Otra observación dice relación con la subdirectora de servicios de la Facultad, quien le solicitó a fines de 2011 a la empresa Ovaltrade que le extendiera una acreditación de 818 tarjetas giftcards, en el marco de la celebración de fin de año. La operación -aprobada por el director económico y el jefe de finanzas de la facultad- corresponde a gastos de celebración de fin de año y no de la fundación, por lo que el desembolso no tiene fundamento legal.

En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) se fiscalizaron los convenios realizados con la Fundación Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Las donaciones recibidas por esta última ascienden a los $32.564.236.

La crítica de la Contraloría está en que se carece de procedimientos formales que normen la relación entre ambas entidades. También se carece de un plan de acción de la Fundación y de falta de registros contables fidedignos entre esta y la FAU. El informe dice que la Fundación mantiene sus registros contables en un borrador, lo que contraviene a las normas legales. “Lo expuesto denota falencias de control interno en la fundación FAU, lo que dificulta la revisión de la veracidad y exactitud de las operaciones registradas, la autenticidad de la documentación respectiva, y el manejo y control de integridad de los ingresos y egresos, el control de los saldos disponibles, además de la validez, existencia, cumplimiento de objetivos y saldos por rendir, el desarrollo y ejecución de proyectos financiados a través de aportes, ya sea del sector público o privado”.

También se menciona al contrato que celebró la FAU con la Fundación para la realización de los eventos “SUBA Chile” y “Semana de Innovación + Construcción” y que la facultad contabilizó los aportes en sus cuentas propias, cuando debió hacerlo a través de la Fundación.

Al igual que en Derecho y Agronomía, la División Jurídica de Contraloría se encargará de determinar si existen o no conflictos de intereses en la conformación del directorio de la Fundación.

Por su parte, en la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) se fiscalizó la relación entre esta y la Fundación Facultad de Ciencias Sociales. Aunque hay una salvedad en este caso: En 2007 el directorio de la Fundación decidió proceder a la disolución de esta, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

La Contraloría señala que falta un registro contable en la Fundación, lo que debe tener pese a estar en proceso de cierre. También recomienda que haya una adecuada segregación en las labores del personal de la Fundación y mantener actualizadas  las conciliaciones bancarias.

Uno de los integrantes del directorio también trabaja en la Escuela de Psicología de la Facultad. Esta firmó un memorandum “solicitando cursar diversos pagos de actividades correspondientes a esa unidad académica con cargo a los recursos pagados por la facultad a la fundación en virtud del convenio de apoyo de servicios de dotación de personal, suscrito entre ambas entidades”. Igual que en casos anteriores, Contraloría recomienda “abstenerse de participar frente a cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”.

Los casos de posibles conflicto de interés también fueron llevados a la División Jurídica de Contraloría.

¿Hay lucro en la Universidad de Chile?
La denuncia presentada por los parlamentarios de la UDI era clara: En la Universidad de Chile hay gente que lucra y el mecanismo para hacerlo es a través de las fundaciones. Una académica de la Universidad afirma que “puede que haya gente que lucre, deben haber 2 o 3 situaciones, que se han denunciado. Es normal que hayan ladrones en todas partes y se aprovechen de la situación. Pero eso no quiere decir que la institución esté orquestada para hacerlo“. Sin embargo, detalla que las fundaciones corresponden al funcionamiento legal de la universidad y que su funcionamiento normal no está destinado ni produce lucro. Afirma que hay que separar a las fundaciones de las irregularidades encontradas. “Aquí hay gente que quiere utilizar el nombre de la universidad para beneficio personal, eso es obvio”, agrega.

Es por eso que desde dentro de la Universidad se considera como ignorancia lo reclamado por los parlamentarios UDI, pues los informes de Contraloría hablan de irregularidades en la administración de fondos y no una filtración o malversación de estos.

Lo cierto es que la situación de las fundaciones viene siendo discutida desde hace tiempo al interior de la Casa de Bello. Incluso hay gente que ha tomado estas situaciones como bandera de lucha en contra de un decano correspondiente o incluso contra el rector Víctor Pérez. Otro organismo cuestionado es la Contraloría Interna que tiene la Universidad, quien debiera, precisamente, encargarse de “inspeccionar y auditar, contable y operacionalmente, los organismos y servicios universitarios, velando por una correcta administración de bienes y fondos”.

Produciendo conocimiento para el mercado
Independiente de si hay lucro o no en la Chile, lo cierto es que las fundaciones responden a la necesidad de la Universidad de autofinanciarse y “vender” su producto -el conocimiento- a través de la prestación de servicios. Así, se realizan informes o estudios para empresas privadas. En Derecho, por ejemplo, uno de los convenios cuestionados es el Informe en Derecho elaborado por el Centro de Regulación y Competencia para Farmacias Cruz Verde. “Hoy se investiga lo que a la Universidad le piden que investigue y no lo que la Universidad quiere que se investigue”, señala una académica.

“Es una vergüenza”, cuenta Gonzalo Díaz, profesor titular de Arte y candidato a Rector 2014. El premio nacional de Arte 2003 propone “girar la cabeza en 180 grados hacia la misión de la Universidad de Chile, que está vinculada con el espacio público, con la educación pública, sin concesiones de ningún tipo provenientes del mercado”. Entre las propuestas de Díaz para la rectoría está el regular las prestaciones de servicio mediante un estatuto para toda la universidad. 

Díaz también plantea que no es razón suficiente para justificar las fundaciones el que el trámite haya sido lento antes de su existencia. “Esto es herencia de la dictadura directo, de la fragmentación de las unidades, cada una se rasca con sus propias uñas, cada una hace lo que se le canta. Hay facultades que casi no son de la Chile como Economía y otras”, señala.

El ex diputado UDI Gonzalo Arenas -uno de los que presentó la denuncia a Contraloría- señaló a El Dínamo que la situación revela aprovechamientos de ciertos profesores y que por eso es necesario investigar. Consultado sobre la lógica del autofinanciamiento que lleva a la Universidad a vender conocimiento en el mercado, Arenas es contundente: “No me interesan los problemas de la Universidad de Chile, yo no trabajo ahí. Si hay informes de irregularidad, hay que investigarlos. Si la universidad se complica o no, o da tal excusa, es problema de ellos”.

Si bien muchos reconocen que está en la labor de la Contraloría fiscalizar a la Universidad de Chile, no deja de ser una paradoja. El creciente abandono del Estado ha obligado a competir en el mercado y -según cuenta una académica de la Facultad de Derecho- ha generado una “universidad estatal entregada a la lógica privada y que a la vez tiene las restricciones del mundo público”.

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