5 jun 2014

jueves, junio 05, 2014

Desde despidos ilegales hasta un mail anónimo revelando el sueldo del presidente del sindicato, son parte de las prácticas antisindicales que los trabajadores de la empresa DHL acusan desde que el 13 de marzo firmaran un contrato colectivo que, aseguran, no se ha respetado.


TheClinic.cl
El despido ilegal por parte de la empresa RedBus, llevó este lunes a que Marco Antonio Cuadra se prendiera fuego a eso de las 7 de la mañana en un terminal en Huechuraba. Aunque contaba con fuero sindical, el conductor de buses del Transantiago fue desvinculado y hoy se encuentra con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Este gesto permitió develar, según consigna El Dínamo, que las empresas privadas participantes del Transantiago acumulan, sólo en los primeros cinco meses de 2014, más de 300 millones de pesos por multas de la Dirección del Trabajo. Sólo Express de Santiago Uno acumula más de 160 millones.

Sin embargo, las denuncias por prácticas ilegales dentro de las empresas no las acumulan sólo empresas relacionadas al Transantiago. A mediados del mes pasado el sindicato de trabajadores de DHL Supply Chain presentó una denuncia a la Inspección del Trabajo donde acusan directamente al representante legal y director de la empresa, Ernesto Alejandro Raya Quintanar de hostigamiento laboral. En el mismo documento también piden que se inicie una investigación “para determinar quién dio información confidencial del sueldo de Manuel Gómez (presidente del sindicato hasta abril de este año) para dividir el sindicato y que los socios empezaran a renunciar a este”. El documento incluye una serie de correos electrónicos, uno de los cuales es anónimo y está bajo el nombre de “Manuel Chanta”, con la dirección sinverguenza.dhl@gmail.com. En este mail, un supuesto integrante del sindicato daba a conocer que “de diciembre del 2013 a la fecha a nuestro querido y confiado presidente del sindicato Manuel Gómez, haya incrementado paulatinamente su sueldo de $420.000 a $811.000” y acusa a Gómez de ser “el único gran beneficiado en todo el proceso de la huelga”.


Según señala Fabián Veas, quien fue electo presidente del sindicato en abril, se trataría de un intento de los directivos de la empresa por desestabilizar al sindicato: “liberaron una información a la cual sólo tiene acceso su jefe directo y recursos humanos”, afirma.

Los problemas habrían comenzado el 16 de enero cuando el sindicato presenta una propuesta de mejoras laborales. Recién el 13 de marzo, luego de una huelga de cuatro días, se llega a un acuerdo que queda evidenciado en un contrato colectivo de trabajo que “tendrá una duración de treinta y seis meses y regirá las relaciones entre las partes desde el 1º de marzo del 2014 y hasta el 28 de febrero de 2017, ambas fechas inclusive”. Por parte de la empresa firma la misma persona a quien acusan de hostigamiento, el director de operaciones, Ernesto Alejandro Raya Quintanar; mientras que por el sindicato aparecen los nombres de Manuel Gómez como presidente -a la fecha de marzo- y dos secretarios: Fabián Veas y Juan Silva.

Pero estas no serían las únicas acusaciones hechas por el sindicato, ya que Fabián Veas señala que desde que se cumplió el fuero de 30 días luego de una movilización, la empresa desvinculó a 36 trabajadores sindicalizados. Sus razones habrían sido que durante las movilizaciones, la empresa pudo mantener el ritmo de trabajo sin ellos. Sin embargo, Fabián acusa que la empresa rápidamente reemplazó a los 36: “ni siquiera esperaron los tres meses que les pide la Inspección del Trabajo para volver a contratar en el mismo puesto”. Sumando a ellos, unos 40 trabajadores ya se habrían desvinculado del sindicato por “miedo a represalias”, segura Fabián.

La empresa aún no habría pagado los bonos a quienes trabajaron en la noche desde el 1 al 15 de marzo. Junto a eso, Fabián -que trabaja hace 10 años en la empresa- cuenta que todos los años se realiza un incremento de suelo por mérito, es decir, relacionado directamente al cumplimiento de objetivos. Sin embargo, este año sólo -según el sindicato de Veas- se hizo  efectivo a los trabajadores que no se encuentran sindicalizados: “ellos prefieren pagar la multa que pagar lo que corresponde a cada trabajador”, dice Fabián.

Además, Veas acusa que se están desconociendo acuerdo pactados por el contrato colectivo, el cual está firmado por la Unidad de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo. En su artículo vigésimo se señala que “los dirigentes sindicales tendrán los permisos necesarios para realizar sus actividades sindicales, considerándose para todos los efectos legales como efectivamente trabajados, siendo su remuneración de cargo de la Empresa”. Fabián señala que “mediante un documento se nos dice que nos van a empezar a descontar las horas que excedan los permisos sindicales”. Efectivamente, los permisos legales son de ocho horas semanales, pero según entendió el sindicato por el artículo señalado, ellos no tendrían tope de horas.

Junto con el tema de las horas permitidas para actividades sindicales, se sumó un nuevo procedimiento para acceder a estos permisos. Antiguamente debía contarse sólo con la firma de un jefe directo y ahora se exige además la firma de un gerente. El problema, cuenta Fabián, es que éstos “generalmente no están acá, entonces hay que estarlos esperando, o esperar que respondan un correo, que ellos deleguen su firma a otra persona”, explica y agrega que ya han agotado todas las instancias con la empresa, por lo que el siguiente paso es acudir a tribunales: “lo que pasa es que ellos no creen que nosotros seamos capaces de ir más allá”, sentencia.

The Clinic Online intentó comunicarse con la empresa y sus representantes en Chile, pero declinaron referirse al tema.

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