20 feb. 2014

jueves, febrero 20, 2014

El organismo fiscalizador detectó que donde se forman los futuros abogados, la casa de estudios transfiere platas fiscales a una fundación ligada sin fines de lucro y viceversa. No controla horarios de profesores, posibles faltas al principio de probidad, dobles contrataciones, entre otras. “La situación expuesta, además de denotar omisiones de control en el resguardo del patrimonio público, debe ser analizada a la luz del principio de probidad administrativa (…) que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”, señala el informe.


The Clinic
La Contraloría ordenó un sumario administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (FDUCh) por anomalías económicas. En la repartición donde se forman los futuros abogados, el organismo fiscalizador cuestionó la transferencia irregular de platas públicas desde la casa de estudios a la Fundación Facultad de Derecho (FFD), de carácter privado y viceversa.

Junto a lo anterior descubrió faltas de control financiero, de horario de los profesores, serios reparos a la “probidad” a las actuaciones administrativas de la facultad, convenios sin la firma del rector ni traducidos al español, uso de las dependencias fiscales para fines privados de la FFD, entre otros problemas, por los cuales realizará la indagatoria contra los responsables.


“En consecuencia, la falta de regulación entre las operaciones de la Facultad y la Fundación, además de constituir vulneración normativa, importa una posible dificultad en el sistema de control interno, lo que incrementa el riesgo de que la falta descrita persista en el tiempo”, señala el informe.

La casa de Bello respondió que la mentada fundación “no es una institución distinta de la facultad, sino que colabora con las funciones académicas de ésta, lo que justifica que se ubique físicamente en dependencias de la misma y en la práctica importe la utilización de dos oficinas pequeñas”.

Sin embargo, para a la entidad de control dicho argumento no fue suficiente para desvirtuar la “observación”, ya que los consumos básicos de la Fundación, agua, luz, entre otros, son pagados con dineros fiscales.

Otro ejemplo de los problemas que enfrenta la Facultad de Derecho son los 14 funcionarios contratados a honorarios por la FFD, que a su vez también realizan labores dentro de la Casa de Bello bajo nombramiento fiscal.

Según la Contraloría fueron contratados para “desempeñar funciones y materias similares en ambos organismos”. Y a renglón cuestionó el pago de sueldos, previa entrega de informes que refrenden el trabajo realizado.

“La situación expuesta, además de denotar omisiones de control en el resguardo del patrimonio público, debe ser analizada a la luz del principio de probidad administrativa (…) que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, el que se aplica tanto a las autoridades como los funcionarios de la administración pública” , señala el informe.

Por último la entidad de control, solicitó internamente un informe a su División Jurídica para determinar si existen eventuales conflictos de interés del propio decano de la facultad y otros académicos.

La Chile explicó en su respuesta que todo estaba en regla y que para evitar que la Fundación pudiera dedicarse a materias externas a las relacionadas con la facultad, es que se prefirió que fueran sólo académicos quienes la integraran.

No obstante el organismo verificador fue claro: “Sobre el particular (…) se informará el resultado del pronunciamiento de la División Jurídica de esta Contraloría General, sobre la materia.

Hay que recordar que el contralor Ramiro Mendoza se tituló en 1988 de abogado en dicha facultad, obteniendo nota siete en su examen de grado. Nobleza obliga.

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