20 mar. 2014

jueves, marzo 20, 2014

Se trata de las forma en que se generó la normativa respecto a la consulta a los pueblos indígenas, así como las relacionadas con la regularización de tierras.


El Dínamo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió al gobierno de Chile que informe acerca de la entrada en vigencia del nuevo reglamento sobre la consulta a los pueblos indígenas en la evaluación ambiental de proyectos de inversión, contemplada en el Convenio 169, así como de la forma en que se generó esta normativa.

“La comisión solicita al gobierno que en su próxima memoria presente informaciones que permitan examinar la manera en que la nueva legislación asegura la efectiva consulta de los pueblos indígenas en todas las medidas susceptibles de afectarles directamente y da pleno efecto a las disposiciones correspondientes de los artículos 6, 15 y 16 del Convenio“, apuntó la OIT.

Según lo publicado por Pulso, el documento emanado del organismo internacional señala que el Estado de Chile desarrolló un proceso de diálogo con representantes de los pueblos originarios, con el objeto de llegar a un acuerdo respecto de la nueva norma de consulta y participación.

Este proceso terminó en julio de 2013, sin que se alcanzara acuerdo en por lo menos tres puntos considerados clave: los artículos ligados a proyectos de inversión, la afectación directa y las medidas a consultar.

El gobierno chileno, de acuerdo con el reporte de la OIT, indicó que el trabajo no derivó en algún tipo de acuerdo, pese a los cual se dictó el reglamento. Esto fue cuestionado por la entidad internacional, que recordó al gobierno que el convenio tiene como objetivo generar instancias de participación activa de los pueblos indígenas “que incluya la presentación de iniciativas y propuestas de medidas, programas y actividades que construyan su desarrollo y que los lleven a decidir sobre sus prioridades“.

Aunque la organización  dependiente de Naciones Unidas no se pronuncia sobre si Chile cumplió o no con estas obligaciones, si se refirió al tema de las garantías de los derechos de los pueblos originarios en cuanto a la regularización de tierras.

“La comisión reitera su pedido al Gobierno para que informe en su próxima memoria de manera detallada sobre la adecuación con el convenio del mecanismo de regularización de tierras y su procedimiento de solución de conflictos“, señala la OIT.

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