20 ene. 2014

lunes, enero 20, 2014

Están dispuestos a asumir los costos que sean necesarios para subir la presión, incluso a no recibir sueldo mientras dure el paro. Con un estilo que, según algunos, busca asimilarse al de los poderosos sindicatos norteamericanos, la Unión Portuaria mide sus fuerzas con empresarios y gobierno. Todo, para conseguir el pago retroactivo al 2005 de un bono por colación que, dependiendo de los turnos acumulados, podría llegar hasta los 9 millones de pesos por trabajador.


La Tercera
L ESPIGON, la puerta principal del Puerto de San Antonio, había sido desalojado por las Fuerzas Especiales de Carabineros, cuando caía la tarde del lunes 13 de enero. No hubo violencia. Los cerca de 100 trabajadores que, desde el 3 de este mes, estaban ubicados en la entrada del puerto decidieron no pelear, esta vez. Se fueron. Pero trasladaron su manifestación a las calles y las plazas de la ciudad.

La mañana del miércoles 15 se ven los signos de una noche anterior agitada: restos de barricadas y alambres quemados en las esquinas de Ramón Barros Luco, la avenida principal, donde está la municipalidad y la gobernación. Carabineros no quiere detallar sus operativos en la ciudad, pero los propios dirigentes portuarios confirman que ha habido un total de 25 detenidos desde el desalojo del puerto.


Hace frío en San Antonio. Varios grupos de trabajadores están repartidos por la avenida principal. Fuman, hablan, mientras son vigilados por una fuerte presencia de Fuerzas Especiales de Carabineros. En la plaza de la gobernación están los dirigentes sindicales. Esperan a los representantes de casi todos los puertos de Chile. Al lugar empiezan a llegar otros trabajadores portuarios y la plaza empieza a poblarse. Carabineros pide que no siga entrando gente.

“Tenemos a la prensa”, dice Julio Castillo, uno de los líderes en San Antonio. “¿Para qué nos vamos a ir de acá”.

En bus, cerca del mediodía del miércoles, los voceros de la mayoría de los sindicatos que participan en la Unión Portuaria llegaron a San Antonio. En la plaza de la gobernación los esperaba Sergio Vargas, el líder de los trabajadores de ese puerto, el más grande del país y que hoy cumplirá 15 días de paralización, acompañado por cerca de un centenar de sus pares. Ese día, en una asamblea en la casa de la cultura de la ciudad, los dirigentes definieron los márgenes de la negociación con el gobierno, que pretenden iniciar la próxima semana. Será uno de los últimos conflictos que tendrá que resolver la administración de Sebastián Piñera, marcada por situaciones similares con otros sectores sociales.

En San Antonio, todo partió por la demanda en el pago de la media hora de colación, calculada en $ 3.600 por trabajador y que los portuarios exigen se haga retroactivo al 2005. Según los sindicalistas, en 2013 la entonces ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, suscribió un acuerdo con empresarios y trabajadores en que esos dineros serían pagados como un derecho irrenunciable. Pero las empresas creen que no hay negociación posible, que la solución está en tribunales.

“Es un conflicto extraño”, explica Rodolfo García, vicepresidente ejecutivo de la Cámara portuaria y marítima de Chile. “Los trabajadores nunca pasaron sus peticiones por las empresas. Eso lo hacen porque desde el punto de vista legal sus peticiones no tienen ningún asidero, la retroactividad no existe en la legislación chilena. Por eso van con el gobierno, el gobierno acoge la demanda, crea una mesa de trabajo y luego dice que el conflicto es entre privados. ¿Cómo va a ser entre privados si están todos los puertos tomados?”.

García cree que los gobiernos han sido “dadivosos” con los portuarios. A su juicio, esa estrategia llevó a los trabajadores a transformar la paralización de actividades en una práctica habitual, sin respeto de las negociaciones colectivas. En las últimas reuniones del sector, los empresarios han cuestionado la respuesta de La Moneda frente a la movilización de los portuarios. “Ellos saben que con los paros les va a ir bien”, dice García.

Para Juan Carolus Brown, vicepresidente de la Federación de Exportadores de Fruta, el panorama se ve oscuro. “Nosotros no tenemos la billetera o la manija política. El camino tendría que ir por las fuerzas policiales, porque el otro camino no ha funcionado” explica.

A inicios de semana, los exportadores junto a carabineros abrieron algunos de los contenedores acumulados en San Antonio, para revisar el estado de la fruta que debió salir del país hace al menos dos semanas. Desde el jueves, algunos dueños comenzaron a enviar sus productos vía aérea, la fórmula más costosa. Otros, decidieron buscar compradores en el mercado local a menor precio.

Para el fin de semana, los gremios reunidos en Fedefruta han anunciado su propia protesta en contra del paro portuario.

El ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, se defiende diciendo que hoy hay cinco ministerios desplegados por el conflicto y desliza una crítica hacia las empresas: “Aquí hay un problema industrial que corregir que es fundamental, eso está claro. A pesar de que la huelga es ilegal y no corresponde, hay un problema de relación entre las empresas y sus trabajadores que corregir”.

La Unión Portuaria no es una organización de derecho, sólo de hecho, que según sus líderes reúne al 85% de los portuarios. La distancia entre los puertos, las condiciones dispares en cada lugar e incluso, la forma de coordinación en los sindicatos han complejizado la relación al interior de la organización. Por lo general, dos voceros por puerto se reúnen una vez al mes. Para evitar infiltraciones, tratan de mantener en reserva la locación de las asambleas, que según sus participantes en ocasiones se vuelven algo tensas, estando al borde de llegar a los golpes.

La composición de los sindicatos fluctúa entre contratados y los llamados trabajadores eventuales, con sueldos que varían de acuerdo al tamaño del puerto. En aquellos de mayor actividad, el pago puede llegar hasta cerca del millón de pesos. Los eventuales, según estimaciones en el sector, alcanzan cerca del 80% de los portuarios del país. A los eventuales, la empresa los emplea al inicio de la jornada y los despide al final del día.

Desde hace un tiempo, algunos sindicatos tomaron el control de ese sistema en sus puertos, manejando las listas de trabajadores que requiere la empresa. Quienes pretendan ser parte del proceso -conocido como la nombrada- deben cumplir con sus funciones en el sindicato: asistencia a las asambleas, pago de cuotas, etc. En algunos casos, si el trabajador se sobrepasó con el alcohol previo a una reunión del sindicato o acumula denuncias por violencia intrafamiliar, es sacado de los primeros lugares de la lista.

El sistema ha sido cuestionado por algunas empresas y es vigilado de cerca desde el gobierno. En el Ministerio del Interior algunos creen que ese control puede terminar transformando a los portuarios en un gremio de características similares a los sindicatos estadounidenses, conocidos por sus relaciones con organizaciones ilícitas y su hegemonía casi incontrarrestable en los puertos. En Palacio concuerdan con los empresarios en que urge una legislación portuaria que “actualice” al sector.

En la Unión Portuaria se defienden diciendo que la fórmula ayuda a impedir que las empresas elijan arbitrariamente a los trabajadores eventuales. De paso, según los dirigentes, ha sido este sistema el que ha fortalecido la organización de los sindicatos portuarios en Chile.

Sergio Vargas, el vocero del frente de trabajadores de San Antonio, explica las motivaciones del paro. Entre las cosas que cuenta, dice que las reglas, los códigos laborales del puerto son diferentes a los del resto del país.

“Acá sólo el 20% de los trabajadores cuenta con contrato indefinido. Todos los demás estamos en listas para hacer turnos y antes de cada turno firmamos un contrato-finiquito, que dura lo que dura el turno. En mi casa tengo tres cajones llenos de contratos que he firmado”.

Vargas, de 51 años, quien ha reconocido un vínculo histórico con el PS, hace 30 años trabaja en el puerto. Su rol como operador político en un gran paro portuario de 1985 hizo que tuviera que interrumpir por algún tiempo sus labores, llevándolo a probar suerte en las minas del norte. En los 90 volvió a San Antonio y el 99 se convirtió en dirigente. Vargas, un hombre fornido, con fama de rudo, de repente se emociona y pide que le pasen un par de lentes oscuros. Dice que su esposa odia su trabajo de líder sindical, que muchas veces perdió turnos en el puerto para ir a las reuniones con dirigentes de otras partes del país.

Con lo del bono retroactivo que demandan los trabajadores, los montos de dinero en juego no son menores. Un portuario que haya hecho un promedio de 24 turnos mensuales, desde el 2005 a la fecha, podría recibir alrededor de $ 8.600.000. Se ve difícil, pero Vargas confía en que el poder de presión de los portuarios, sobre todo de San Antonio (el puerto más grande de Chile), puede terminar inclinando la balanza. Y cuenta que entre el 2012 y 2013, su sindicato logró que el gobierno otorgara unas 300 pensiones de gracia, de 270 mil pesos mensuales.

Los portuarios no son de mantener lazos con dirigentes políticos. En San Antonio, por ejemplo, al tercer día de movilizaciones, el alcalde de la ciudad, Omar Vera (PR), optó por iniciar sus vacaciones a pesar del estallido del conflicto.

La situación es algo distinta en Biobío. Allí están las raíces de la Unión Portuaria, en parte gracias a la organización que existe entre los sindicatos de la región. Si los trabajadores de uno de sus puertos abren una disputa con sus empleadores, sus pares se unen activamente a la movilización.

Ese modelo se replicó esta vez a nivel nacional. En los inicios del conflicto, en solidaridad con la compleja negociación del gremio en Mejillones con la empresa de la familia Von Appen, los puertos de Biobío paralizaron funciones. Más tarde se sumaría San Antonio, lo que provocó un efecto en los demás puertos del país, a excepción de Arica, Coquimbo y parte de Valparaíso. El diseño de los portuarios en el Biobío ha sido replicado por los trabajadores en Atacama y el Norte Grande.

Según Lucas Cifuentes, investigador de la Flacso y la Universidad de Chile, entre los portuarios ocurre un fenómeno particular. “No están los tradicionales partidos tan involucrados. Por ejemplo, como en todo el movimiento sindical, en términos de bases sindicales, hay diversidad, inclusive hay trabajadores de derecha o de iglesias evangélicas”, explica, aunque aclara que en algunas zonas “es muy importante la participación y la identificación de algunos dirigentes o de ciertos valores enarbolados por lo que podríamos llamar una izquierda libertaria, cuyas orientaciones y contenidos identitarios son recogidos por estos sindicatos”.

Prueba de ello, precisamente, es que la presidenta de la Fech, Melissa Sepúlveda, militante del Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), saliera a respaldar a los sindicatos portuarios en los inicios del conflicto. “Los trabajadores tienen ese único medio para poder ejercer presión en aspectos tan básicos como es el reconocimiento de un sindicato o como una media hora de colación”, dijo Sepúlveda. Más tarde se sumaría también la Confech. Los estudiantes prometieron reunirse con los dirigentes de la Unión Portuaria en los próximos días.

Las calles de San Antonio se vacían de portuarios después de almuerzo. La presencia de Fuerzas Especiales de Carabineros también ha bajado. En la entrada del espigón, unos 50 trabajadores hacen una olla común. Mientras estén en paro, nadie recibe sueldo. Todos apuestan a que en el cierre de conflicto se les pague un turno por día parado. Es el todo o nada.

En la garita de entrada al puerto, el trabajador César Echaniz conversa con un carabinero amistosamente. Echaniz, quien ha destinado 20 de sus 46 años a las labores en San Antonio, dice que están dispuestos a llegar a 60 días de paro si es necesario; 20 más que la última vez.

A su espalda hay 2.700 autos estacionados que no pueden ser sacados del terminal. Más atrás, el puerto parece abandonado. No hay barcos en los muelles.

Quién es quién en el conflicto
1 eventuales. Los portuarios se dividen en contratados y los eventuales, que llegan al 80%. Los últimos son empleados sólo por el tiempo que dura la jornada. Es decir, forman parte de la empresa al inicio del día y son finiquitados al final de la labor.

2 la nombrada. Es el proceso en el cual las empresas requieren cierto número de trabajadores eventuales para una jornada. En algunos casos, el proceso es controlado por los sindicatos de cada puerto.

3 uniOn portuaria. Es la organización de facto -no está reconocida legalmente- que reúne a buena parte de los sindicatos portuarios del país. La entidad partió en la Región del Biobío, como una manera de organizar a los trabajadores del sector e intentar unificar algunas demandas. Cada puerto designa a dos voceros, que participan mensualmente en asambleas que varían de escenario por miedo a infiltraciones. Los empresarios acusan que el grupo ha cobrado un excesivo poder en los últimos años.

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